GRUPO IMPUGNA ORDENANZA ANTIINDOCUMENTADOS DE FARMERS BRANCH

Un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes latinos en EEUU interpuso hoy una querella en Dallas contra una ordenanza municipal según la cual los propietarios de vivienda deben comprobar la situación legal de sus inquilinos.

El Fondo de Educación y Defensa Legal Mexicano-Estadounidense (MALDEF por su sigla en inglés) sostiene que la ordenanza, aprobada por el concejo municipal de Farmers Branch, un suburbio de Dallas, “viola la ley federal sobre inmigración”.

La ordenanza, según MALDEF, “pone a los propietarios de vivienda en la posición insostenible de actuar como agentes federales de inmigración”.

“La ordenanza, además, está tan mal escrita que impide alquilar en complejos de apartamentos de Farmers Ranch aun a algunos inmigrantes autorizados”, añade el texto de la querella.

En noviembre pasado, los concejales aprobaron por unanimidad una ordenanza que impone multas a los propietarios de apartamentos y casas, y dueños de empresas, que firmen contratos con los inmigrantes indocumentados.

La ordenanza, que entrará en vigor el 12 de enero próximo, también permite que las autoridades locales investiguen a las personas bajo custodia policial para determinar si se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos.

Durante la votación, el público, que abarrotó la sala de audiencias de la municipalidad, aplaudió cada una de las disposiciones.

Mientras eso ocurría, cientos de manifestantes protestaron contra la ordenanza agitando banderas de EEUU y repitiendo, en inglés, el Juramento de Fidelidad a la bandera antes de cada votación.

“La aplicación de las leyes de inmigración debe dejarse en manos del gobierno federal, no de cada municipalidad”, sostuvo Lisa Graybill, directora legal en Texas de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU por su sigla en inglés).

“De lo contrario, Texas terminará con un sistema parecido a una colcha de retazos que no podrá aplicarse en la practica, y en Farmers Ranch los dueños de viviendas, al igual que los inquilinos, pagarán un precio injusto”, añadió.

Por su parte, Nina Perales, abogada de MALDEF para la Región Sudoeste, dijo que “la ordenanza de Farmers Branch es un intento maltrecho de forzar a los propietarios a aplicar las leyes de inmigración”.

“La población latina de Farmers Franch es beneficiosa, no perjudicial, para la ciudad, y los gobernantes no deberían malgastar el dinero de los impuestos echando a la gente que ayuda a la ciudad”, agregó. VN