DEMANDAN ORDEN QUE PROHÍBE INDAGAR ESTATUS MIGRATORIO DE SOSPECHOSOS EN LOS ANGELES

Una demanda contra la Orden Especial 40, que prohíbe a la policía de Los Ángeles preguntar a un sospechoso su estatus migratorio, fue presentada hoy por FIRE, grupo que promueve la plena aplicación de las leyes de inmigración.

La ciudad de Los Ángeles fue la primera gran urbe en asumir la política de “no pregunte, no diga” respecto a la inmigración ilegal por parte de su policía.

La medida recibió ayer nuevamente el respaldo del alcalde Antonio Villaraigosa, quien se ha declarado defensor de no mezclar a la policía en temas de inmigración.

“Estoy de acuerdo con el jefe (de la policía de Los Ángeles, William) Bratton”, dijo el alcalde en referencia a la política del jefe de la policía angelina, “y con cada jefe de policía detrás de él, en que pedir a nuestros agentes de policía que actúen como agentes de inmigración resultaría en menos arrestos, acusaciones y condenas”.

La demanda, se basa en una sección del Código Estatal de Salud y Seguridad, redactada en 1972, que establece que en un caso de posesión y tráfico de drogas, que incluya a una persona que no sea ciudadana, “la agencia que realiza el arresto debe notificar a la agencia apropiada de los Estados Unidos a cargo de las deportaciones”.

FIRE, que se identifica como “una coalición de individuos y grupos que representan intereses locales, estatales y federales en detener el flujo de inmigrantes ilegales”, argumenta que la Orden Especial 40, “amarra las manos de los policías”.

La acción busca que un juez ordene a la policía de Los Ángeles informar cuando realice el arresto de un inmigrante indocumentado implicado en un caso de drogas.

La demanda cita un estudio de una oficina de auditoría del Gobierno local, que encontró que 55.000 inmigrantes indocumentados encarcelados durante el 2003 habían sido arrestados en promedio de ocho veces. El 49 por ciento había sido condenado previamente por delitos mayores y el 20 por ciento había sido arrestado por un delito relacionado con drogas.

Algunos oficiales han pedido a la junta del sindicato de la policía, que estudie -por primera vez- tomar una posición formal al respecto.

“Hemos oído que es una preocupación entre los miembros”, dijo a la prensa Bob Baker, presidente del sindicato, al anunciar que la junta estudiará el tema próximamente.

Otra demanda contra la orden Especial 40 está en curso, presentada por Judicial Watch, otro grupo en contra de la inmigración ilegal, que argumenta que esta disposición es inconstitucional.

En ambos casos, los demandantes han expresado que cuentan con el apoyo de policías y directivos, que no se atreven a hablar abiertamente por el respaldo dado, por sus jefes, a la medida. VN