DEMANDA FEDERAL CONTRA LEY QUE SANCIONA NEGOCIOS QUE CONTRATEN INDOCUMENTADOS

Una coalición de organizaciones civiles presentó una demanda federal que cuestiona la legalidad de una ley estatal que a partir de enero penalizará a los dueños de negocios que contraten inmigrantes indocumentados en Arizona.

La demanda fue presentada ayer por el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y dos firmas legales que representan a Chicanos por la Causa y Somos América.

La coalición asegura que la ley estatal, conocida como HB2779, viola la Constitución de Estados Unidos y entra en conflicto con las leyes federales de inmigración.

Esta es la segunda demanda federal en contra de esta ley desde que fue firmada por la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, el pasado mes de julio.

Dos semanas después de haber sido promulgada, un grupo de negociantes presentaron una demanda en la que pedían a un juez federal detener la implementación de la ley, ya que aseguran “causará un dañó irreparable” a los negocios en Arizona.

La ley estatal HB2779 obliga a los dueños de negocios a verificar el estatus migratorio de sus nuevos empleados con una base de datos establecida por el gobierno federal que lleva el nombre de “E-Verify”.

En caso de que un negocio sea sorprendido contratando inmigrantes indocumentados podría enfrentar la suspensión de su licencia de operación hasta por diez días y, en caso de reincidir, la suspensión podría ser permanente.

“El Acta Legal de Trabajadores de Arizona” requiere que los empleadores verifiquen el estatus legal de un empleado con una base federal, la cual fue establecida por el Congreso para operar de forma voluntaria.

“Además impone sanciones más allá de las que son permitidas por el gobierno federal”, dijo a Efe, Kristina Campbell, abogada de MALDEF que lleva el caso.

Según Campbell, al obligar a los negocios en Arizona a utilizar el programa de verificación de empleo establecido por el gobierno federal “choca” con la Constitución, así como pone en riesgo a los trabajadores, particularmente los hispanos, de sufrir discriminación por su raza, grupo étnico y origen.

“La ley de Arizona trata de pasar por encima de la ley nacional de empleo de los inmigrantes”, explico Omar Jadwat, abogado del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de ACLU.

“Si los estados como Arizona pueden aprobar y poner en vigor sus propias leyes de inmigración, los empleadores y los trabajadores enfrentaran requerimientos conflictivos basados en políticas locales y condiciones que harán imposible el tener una ley nacional”, agregó el abogado.

A pesar de que aún faltan cerca de tres meses para que entre en vigor la HB2779, múltiples son los reportes de negocios que han comenzado a despedir a sus trabajadores ante el temor de posibles sanciones.

Otros han solicitado a todos sus empleados presentar nuevamente sus documentos de inmigración, a pesar de los esfuerzos de activistas y organizaciones pro-inmigrantes que buscan informar a los dueños de negocios sobre sus derechos ya que de acuerdo con la ley estatal, sólo deben de verificar el estatus migratorio de sus nuevos empleados.

Organizaciones como Inmigrantes Sin Fronteras realizan en estos momentos un paro laboral y un boicot económico (hasta el próximo 9 de septiembre) en todo el estado en protesta a la próxima implementación de la ley estatal que sancionará a los negocios que contraten indocumentados, así como por sentimiento anti-inmigrante que se vive en el estado.

Se calcula que entre 130.000 a 150.000 empleadores se verán obligados a utilizar el programa de verificación de empleos en Arizona una vez que entre en vigor la nueva ley estatal.VN