BUSCAN REVERTIR ORDENANZA QUE PROHÍBE ALQUILAR A INDOCUMENTADOS

Los grupos hispanos organizados de la ciudad de Escondido, California, se han unido con el fin de revertir una ordenanza que prohíbe alquilar vivienda a un indocumentado.

Pedro Ríos, director del Comité de Amigos de las Américas, señaló que “la ordenanza pone en riesgo los derechos básicos humanos y civiles de todo residente de Escondido. Afecta directamente a los inmigrantes e indocumentados, pero amenaza los derechos de todos”.

El concejo municipal de Escondido aprobó la ordenanza a principios de mes con una votación de tres a favor y dos en contra. La votación no obstante será votada de nuevo en unas dos semanas.

Bill Flores, vocero de una antigua organización hispana de Escondido que se llamaba “El Grupo Sin Nombre” y hoy se reestructura bajo “El Grupo”, afirmó que se actuará en varios frentes para intentar revertir la votación del concejo.

“Tenemos en nuestro grupo a abogados, veteranos de guerra, médicos, maestros. Todos vamos a poner de nuestra parte para intentar convencer a todos que lo que más conviene a Escondido es la convivencia, la aceptación de la diversidad. No hay necesidad de esto”, señaló Flores.

Mientras el Comité de Amigos y El Grupo hacen causa común, otras organizaciones, como una de hispanos recién llegados, toman medidas más radicales, como boicotear una gasolinera propiedad del concejal y principal promotor de la medida, Sam Abid.

Daniel Pérez, activista que se reúne con varios grupos hispanos de Escondido, dijo que el boicot hispano de la gasolinera seria una lección de aritmética para el concejal Abid.

“Si ignoras que existe la mitad de la población de Escondido, entonces quizás no vas a poder vender tu gasolina a esa mitad de residentes que piensas son inexistentes”, dijo Pérez.

En la ciudad de Escondido, el 40 por ciento de la población es hispana, pero hasta un 80 por ciento de las personas que alquilan apartamentos y casas son inmigrantes, según un estudio citado en una audiencia del concejo.

“A eso nos referimos como peligro para toda la población”, indicó Pedro Ríos, del Comité de Amigos, que elabora una carta para la alcaldesa de Escondido, Mary Holt Pfeiler, que votó contra la ordenanza.

“No le puedes pedir papeles de inmigración a un anglosajón, pero se los tendrías que pedir a un ciudadano estadounidense hispano”, explicó Ríos. “Y si alquilas, no sabes si el dueño ya revisó tus documentos o si ya los revisó pero no encontró nada mal, y por tanto va ser sancionado”, añadió.

Entre los errores que pueden resultar en violaciones de derechos están el echar de la casa a una familia de ciudadanos estadounidenses hispanos o enviar a la cárcel a un inquilino anglosajón por no tener papeles de inmigración.

La medida no sólo infringe las leyes del estado de California, sino las federales, según la American Civil Liberties Union (Unión de Libertades Civiles) y la Fundación de Asistencia Rural Legal de California, que juntas recurrieron contra la iniciativa ante un tribunal estatal, pero perdieron.

Los grupos hispanos también buscan unirse a organizaciones religiosas de Escondido que en el pasado han defendido a trabajadores agrícolas forzados a evacuar sus asentamientos. VN

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