ARIZONA ENDURECIÓ SUS MEDIDAS CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL EN 2007

Los últimos 12 meses han sido difíciles para la comunidad inmigrante en Arizona por la aprobación de varias medidas que han convertido a este estado en uno de los más severos de EE.UU. contra la inmigración ilegal.

A principios de este año, entró en vigor la ley estatal 300, que obliga a los estudiantes indocumentados pagar matrícula como extranjeros en universidades y colegios comunitarios en Arizona.

La nueva regulación, que fue aprobada por los votantes de Arizona, triplica el costo de la educación para los alumnos que carecen de un número de seguro social, sin importar cuántos años tengan viviendo en Arizona y su promedio académico.

A pesar de los múltiples esfuerzos de grupos estudiantiles que inclusive realizaron una huelga de hambre, las nuevas regulaciones entraron en vigor en todos los planteles de educación superior el pasado mes de agosto.

De acuerdo con organizaciones pro-inmigrantes, se calcula que más de 5.000 estudiantes indocumentados se vieron afectados directamente por la ley 300, muchos de los cuales se vieron obligados a reducir su número de clases, solicitar becas privadas e inclusive abandonar por completo sus estudios.

Un estudiante residente del estado de Arizona paga un promedio de 5.500 dólares de colegiatura al año, mientras que para un alumno extranjero el costo es de más de 12.000 dólares.

La 300 también negó el acceso a los inmigrantes indocumentados a programas de educación para adultos, como los cursos de inglés que se imparten en algunos centros comunitarios.

Este año, también entró en vigor en Arizona una ley estatal que niega a los inmigrantes indocumentados que han sido arrestados por un delito mayor la posibilidad de salir bajo fianza.

“Sin duda este ha sido uno de los peores años para nuestra comunidad, que se ha convertido en el blanco favorito de políticos y grupos anti-inmigrantes”, dijo a Efe la activista Magdalena Schwartz, quien dicta seminarios sobre derechos de los inmigrantes en caso de ser arrestados por Inmigración.

Durante 2007, la oficina del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona firmaron acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que varios de sus oficiales puedan ejercer funciones migratorias.

El pasado julio, el alguacil Arpaio anunció una línea telefónica gratuita para que la comunidad pueda denunciar actos relacionados con la inmigración ilegal.

“La comunidad indocumentada tiene mucho miedo de las autoridades, particularmente del alguacil Arpaio, yo creo que le temen más a él, que a la misma Inmigración”, señaló Schwartz.

El oficial, conocido también como “el alguacil más duro el oeste”, es la única autoridad en Arizona que desde 2006 arresta a inmigrantes indocumentados bajo la ley estatal anti-coyote.

La controvertida legislación permite a las autoridades procesar a todos los indocumentados que hayan pagado por los servicios de contrabandistas.

Hasta la fecha, más de 800 indocumentados han sido detenidos por agentes del Arpaio, bajo la ley estatal anti-coyote.

El futuro de las familias inmigrantes que no “tienen papeles” es incierto en Arizona, después del fracaso a nivel federal de la aprobación de una reforma migratoria y la próxima implementación de la ley estatal HB2779, que sancionará a los negocios que contraten inmigrantes indocumentados a partir del próximo 1 de enero.

“Se vienen tiempos muy difíciles, por lo que nuestra mejor recomendación es que la gente esté preparada”, finalizó la activista. VN