ALCALDE DE LOS ÁNGELES RECLAMA A SEGURIDAD NACIONAL POR REDADAS

El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, dijo a los medios que envió recientemente una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en la que manifestó su rechazo a las redadas realizadas por el ICE.

En declaraciones enviadas por su oficina de prensa, el alcalde criticó la forma en que las autoridades de inmigración han realizado operativos contra los inmigrantes indocumentados.

“Creo que la agencia de inmigración y aduana ha llevado a cabo detenciones de manera selectiva, sin sentido, y que afectan injustamente a negocios legítimos que tratan bien a sus empleados”, expresó el alcalde.

Igualmente señaló que las autoridades deberían centrar sus esfuerzos en combatir el crimen y la violencia persiguiendo a los indocumentados que han cometido delitos graves.

“En un momento en el que nos enfrentamos una desaceleración económica y la violencia causada por las pandillas en centros urbanos, el Gobierno federal debería dedicar sus recursos limitados a deportar a aquellos que están aquí ilegalmente y han cometido crímenes”, sostuvo.

La misiva del alcalde al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff resalta el aporte de los trabajadores indocumentados a la economía de la región.

“Los angelinos y los californianos entendemos que sectores importantes de nuestra economía y de la comunidad dependen en gran medida de las contribuciones de estos trabajadores”, afirmó Villaraigosa en su comunicación a Chertoff.

El alcalde ha mantenido reiteradamente su posición favorable a una reforma de inmigración que permita la legalización de millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Los Ángeles y California.

La comunicación fue enviada el 27 de marzo con copia a Julie Myers, secretaria del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), a Eric Garcetti presidente del Concejo angelino y a Gary Toebben, presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles.

Una de las operaciones que más impactó a la comunidad se realizó el 7 de febrero pasado, en Micro Solutions Enterprises, una compañía de Van Nuys, en el Valle de San Fernando -norte de Los Ángeles-, en la que fueron detenidas más de 130 personas.

Como en las entrevistas posteriores con las autoridades de inmigración no se permitió la presencia de abogados, la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otras organizaciones, presentaron una demanda alegando la violación de los derechos civiles de los inmigrantes.

A mediados de marzo, se firmó un acuerdo entre los grupos defensores de los inmigrantes y el ICE para permitir que los indocumentados detenidos recibieran asesoría legal en todas las etapas de su proceso.

Por su parte, Toebben en nombre de la Cámara de Comercio de L.A., también rechazó la operación del ICE en Van Nuys y señaló que las operaciones de la entidad deberían concentrarse en empresas que explotan a sus empleados o no cumplen con los requisitos de elegibilidad de empleos.

En un comunicado de prensa, el DHS afirmó -a través de su portavoz Verónica Valdés- que la carta del alcalde Villaraigosa sería respondida, “de manera oficial y directa” al funcionario. VN

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